El reciente acto simbólico llevado a cabo por el presidente Gabriel Boric en el ovalo del Palacio de la Moneda, donde presentó el proyecto de ley que da solución a la deuda histórica de los y las docentes, marca un hito significativo en la historia de la educación en Chile. Este acto no solo cumple con una promesa de campaña del mandatario, sino que también responde a una demanda que, durante décadas, ha afectado a miles de profesoras y profesores que vieron mermados sus sueldos y condiciones laborales en la década de los ’80, cuando la administración de los establecimientos educativos fue traspasada a las municipalidades.

El proyecto, que tiene un respaldo amplio tanto del magisterio como de la ciudadanía, constituye una reparación tanto material como simbólica. En primer lugar, es material porque plantea una compensación económica a los docentes que formaron generaciones de chilenos y chilenas, en un esfuerzo por mejorar su calidad de vida tras años de sacrificio. Y es simbólico porque es un reconocimiento que tiene el propósito de aliviar el daño sufrido por los profesores durante esos años y brindarles una oportunidad para tener un futuro más digno y justo.

Sin embargo, lo que hace verdaderamente trascendental este proyecto es su dimensión simbólica. Esta reparación va más allá de un pago. Reconoce de forma explícita el daño infligido por el Estado a miles de educadores, quienes, en su mayoría, fueron invisibilizados y despojados de derechos fundamentales en un momento crítico de la historia reciente de Chile. Este reconocimiento, aunque tardío, representa un gesto importante para reparar la confianza entre los docentes y las instituciones del Estado.

Es momento de que el Estado asuma la responsabilidad histórica de reparar el daño causado a los y las profesoras de Chile. A través de este proyecto, se da un paso firme en la búsqueda de la justicia, la equidad y la reparación. Ahora, más que nunca, es necesario que este proyecto no se quede en el papel y que, a través de su pronta aprobación, podamos convertir la reivindicación en una verdadera alegría para los docentes que tanto han dado a nuestra sociedad. La promesa de una tramitación rápida, respaldada por la ciudadanía, el gremio docente y la mayoría de los parlamentarios, refuerza la esperanza de que finalmente se hará justicia.

Nicolás Pérez Allendes, Seremi de Educación de la Región de Coquimbo